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Base de Datos Nacional para Agresores Sexuales: ¿Transgresión directa de derechos o protección para la sociedad?

A través de este nuevo Decreto firmado por el Presidente, se planea inscribir en esta base de datos llamada ‘Registro Nacional de Agresores Sexuales’, todas aquellas personas que hayan cometido delitos de índole sexual; dicha base de datos sería de carácter nacional y su fin arguye a la protección de los niños, niñas y adolescentes, con ello, los que se encuentren inscritos en esa base de datos no podrán ser contratados en labores donde se traten menores de edad. “Muchos estudios coinciden en que las personas adultas que cometen delitos, tienen alta probabilidad de reincidir. Según el Inpec, 1.825 personas detenidas por violencia sexual en el 2018, ya habían estado presas”, aseveró la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi Colombia sería el segundo país de  Latino América en implementar este sistema, de igual manera, ésta sería administrada por la Ministerio de Defensa  a través de la Policía Nacional, y toda entidad, ya sea pública o privada, puede consultarla de manera directa con el fin de ejercer controles de admisión y contratación empresarial. “Según reveló la directora, cada día el ICBF abre 36 Procesos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de niños y niñas víctimas de violencia sexual, siendo ésta la causa número uno de apertura de procesos. Por ello, Pungiluppi destacó la importancia de dicho registro como un instrumento para mantener a los abusadores alejados de los menores. “A abril de este año, el ICBF tenía bajo su protección 17.671 víctimas de abuso sexual. Los agresores están más cerca de lo que queremos, el 45 por ciento de los casos reportados ante Medicina Legal, eran miembros de la familia”, reveló la directora”. – Periódico El Tiempo, Anuncian registro de condenados por delitos sexuales contra menores, 2019. Por tanto, los empleadores que contraten trabajadores con antecedentes penales en delitos sexuales, podrán ser multados con cifras de hasta 500 salarios mínimos legales. A simple vista parece una medida de restablecimiento gradual para aquellos niños, niñas y adolescentes que han sufrido de violencia sexual, o son víctimas de delitos sexuales, sin embargo el examen de fondo a realizar conlleva un análisis de ponderación respecto a la medida de ‘crear una base de datos nacional para abusadores sexuales’ o la protección del derecho al trabajo y al mínimo vital, queda a merced de las altas cortes realizar el examen de constitucionalidad y ponderación de derechos pertinente para establecer las limitaciones de este tipo de medidas frente a los derechos en disputa.

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